

Donostia. 9 de noviembre. Medicusmundi Araba y medicusmundi Gipuzkoa han presentado hoy en Donostia los principales resultados del estudio «20 ideas en torno a la privatización sanitaria en Euskadi: un peligro para la salud», realizado entre 2023 y 2026 por OPIK-Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco (EHU), a iniciativa de ambas asociaciones.
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La publicación sigue la estela del estudio «Amenazas al derecho a la salud en Euskadi. Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario», presentado hace 8 años que señalaba las desigualdades sociales y los procesos de privatización entre las principales amenazas para garantizar el derecho a la salud en nuestro territorio.
Desde entonces, han acontecido muchas cosas. Entre otras, una pandemia que mostró las costuras de los sistemas de salud en todo el mundo. Hoy, en Euskadi 9 de cada 10 personas apostamos por un sistema público, pagado con impuestos, que cubra A TODAS LAS PERSONAS, y más del 80% preferimos ser atendidas en un centro sanitario público. Sin embargo, la percepción respecto al funcionamiento de Osakidetza ha empeorado notablemente y, en 2025, solo el 18% de la población cree que el sistema público vasco funciona bien. La población sitúa la sanidad entre uno de los tres problemas más importantes de la comunidad y eso genera:
En medicusmundi compartimos el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que destaca que para asegurar la universalidad de la cobertura de salud tanto la financiación como la provisión de la salud deben ser públicas. Este informe busca contribuir a un debate social serio y sosegado sobre las claves a tener en cuenta para el desarrollo de un sistema que garantice el derecho a la salud de todas las personas, dando a conocer las distintas formas que adopta la privatización[1] en Euskadi (financiación y el aseguramiento, la provisión y los recursos sanitarios, y la planificación, formación e investigación) y sus posibles consecuencias para la salud de la población y la equidad en el acceso.
La financiación de la salud tiene diferentes orígenes. Una parte es pública; otra es privada e incluye los pagos directos que hacen los hogares por servicios no cubiertos o mínimamente cubiertos por el sistema público y los seguros de salud privados. En Euskadi, ese gasto privado ha aumentado en los últimos 20 años, pasando de un 27,6% del gasto total en salud en 2003 a un 30,5% en 2023. Este porcentaje supera con creces el de la media de la UE (18,7%), solo superado por Grecia, Letonia, Portugal, Bulgaria, Lituania y Malta.
Destaca especialmente el gasto que las familias pagan directamente de su bolsillo (por ejemplo, la atención dental), que representaba el 25,2% del gasto total en salud en 2023, es decir, uno de cada cuatro euros.
De la misma forma, crece el aseguramiento privado. En 2023, casi una de cada cuatro personas tenía contratado un seguro de salud privado voluntario en Euskadi: el 23,9% de la población, un total de 525.435 personas. Esta contratación no es igual en todas las clases sociales. En las menos favorecidas, el porcentajes de personas con seguros es del 7,7%, mientras que en las más aventajadas se eleva hasta un 35%.
Esta “huida” de las clases medias y alta al sistema privado debilita la base social y económica del sistema público porque, como suele afirmarse, “un sistema público para pobres genera un pobre sistema”. Además, genera el relato falso de la “inevitabilidad” de la privatización y no supone “descongestionar” la pública sino, más bien, lo contrario (genera un incremento de la presión y demanda).
La privatización de la financiación impacta directamente en la salud y en la calidad de vida de la población, ya que aumenta las barreras de acceso y puede dejar a personas sin cobertura sanitaria. Además, padecer una enfermedad puede convertirse en una de las principales causas de bancarrota o pobreza. Sistemas sanitarios de financiación privada presentan, en términos generales, peores indicadores de salud poblacional.
Según una estimación conservadora, en 2023 el Departamento de Salud destinó más de 300 millones de euros a empresas o entidades privadas, el 7% de su presupuesto total, el quinto porcentaje más elevado de las 17 comunidades autónomas. Dentro de Euskadi destacan las diferencias territoriales: 9,4% en Gipuzkoa, 4,4% en Bizkaia y 3,3% en Araba.
De ese importe, 234,6 millones correspondían a conciertos de servicios sanitarios; cerca de 54 millones, a determinadas externalizaciones de servicios no sanitarios esenciales de Osakidetza; y el resto, a otras contrataciones y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. El transporte sanitario y los conciertos hospitalarios concentran más de la mitad del gasto concertado.
Los niveles de concertación de Osakidetza se mantienen sin grandes cambios en los últimos años y la estructura y los recursos son mayoritariamente públicos. Sin embargo, la concertación sanitaria tiene carácter estructural. Año tras año se derivan millones de euros a la contratación de servicios con empresas privadas.
La privatización de la provisión acarrea peores resultados en salud, (mayor mortalidad evitable, incremento de infecciones hospitalarias y reducción de ratios de personal), según diferentes estudios. No existe evidencia de que la provisión privada sea más eficiente. Además, tiene un efecto menos visible pero especialmente relevante: obstaculiza el desarrollo y la autosuficiencia del propio sistema sanitario público. La externalización recurrente de determinados servicios o prestaciones condiciona de manera estructural las decisiones de inversión, planificación y desarrollo del sistema, dificultando la consolidación de capacidades propias en algunos ámbitos asistenciales y en determinados territorios.
La administración transfiere a empresas privadas funciones estratégicas del sistema sanitario, como la elaboración y evaluación de planes de salud. Entre 2020 y 2024, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinó más de 3 millones de euros a la contratación de estos servicios. Por ejemplo, en 2022 la elaboración del Plan de Salud de Euskadi 2021-2028, al grupo empresarial LKS por 146.289 euros.
La privatización de la gobernanza implica riesgos para la salud, tanto por el desvío de recursos públicos como por la posible influencia de criterios empresariales en las políticas de salud. Además dificulta la transparencia y los mecanismos de control público.
En el caso de la formación universitaria, en el curso 2023-2024, el 22,7% del alumnado de grados sanitarios de Euskadi estudiaba en universidades privadas, frente al 9,4% de cuatro cursos antes.
La presencia de entidades privadas tiene también un peso importante en la formación continua de profesionales sanitarios. En Euskadi, en 2023, solo el 20,8% de las actividades de formación sanitaria continuada acreditadas fueron realizadas por el sistema público de salud. También la investigación en salud está condicionada por la presencia de la industria. El 81% de los ensayos clínicos realizados en el ámbito del sistema sanitario público vasco estaban promovidos por la industria farmacéutica.
Los principales riesgos de privatizar la formación sanitaria pregrado y universitaria radican, por un lado, en las barreras de acceso derivadas del elevado coste de las matrículas. Por otro, en que fomenta un perfil profesional cada vez más elitista y distanciado de la realidad socioeconómica de la población a la que asiste.
El peso de la industria farmacéutica en la formación e investigación sanitaria es importante, por las implicaciones que ello tiene en el ejercicio de las funciones de las y los profesionales de la salud libre de conflicto de intereses. Se incrementa el riesgo de sobremedicalización, lo que afecta a la salud y al gasto sanitario.
El informe señala las dificultades encontradas para acceder a información completa y comparable sobre contratos, conciertos y servicios externalizados. Para elaborar el estudio fue necesario recurrir a numerosas fuentes y realizar solicitudes específicas de información; en algunos casos, incluso se presentaron reclamaciones sin que se obtuvieran todos los datos requeridos.
Los resultados ponen de manifiesto que la privatización sanitaria no se limita a la financiación de la asistencia o la concertación de servicios o recursos, sino que alcanza diferentes ámbitos del sistema y puede tener consecuencias para la equidad en el acceso a la atención. La investigación recoge, además, evidencia científica internacional que alerta sobre los riesgos de diferentes procesos privatizadores para la salud de la población y la sostenibilidad del sistema público.
Para medicusmundi Araba y medicusmundi Gipuzkoa, conocer estos procesos es fundamental para proteger el derecho a la salud para todas las personas. Ambas organizaciones reiteran la necesidad de fortalecer un sistema sanitario público, universal, financiado mediante impuestos y de calidad, que responda a las necesidades de toda la población y cuente con mecanismos suficientes de transparencia y control público.
La publicación completa puede consultarse AQUÍ
medicusmundi Araba
medicusmundi Gipuzkoa
[1] Aunque existen distintas definiciones, la investigación parte de una referencia reconocida en el ámbito internacional: la transferencia desde el sector público al privado de la propiedad o de funciones gubernamentales relacionadas con la salud, como la financiación, la provisión de servicios y recursos o el control de la gestión. El estudio contempla también situaciones en las que las administraciones no asumen responsabilidades que les corresponden y estas quedan en manos privadas.