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Etiopía: problemas añadidos a las dificultades habituales


A lo largo de 2020, el contexto sanitario, político y social, tanto de la República Federal de Etiopía en su conjunto como de la región de Tigray, han experimentado situaciones convulsas que han tenido un impacto directo en el día a día de la población y también en las actividades que desarrollamos. Y este tipo de situaciones, tan habituales en países como Etiopía, dificultan la labor que desempeñamos a través de nuestros proyectos. Precisamente por eso se hace más necesario que, en estos momentos, sigamos apoyando a las poblaciones y colectivos que viven situaciones de mayor vulnerabilidad.

La incidencia de la Covid-19 en Etiopía

Desde la declaración de la pandemia mundial, 56 países o territorios del continente africano han reportado casos de Covid-19.

El 31 de marzo de 2020 las autoridades sanitarias confirmaron el primer positivo en Etiopía y el 18 de abril declararon el Estado de Emergencia con una duración de cinco meses. Sin embargo, el Estado regional de Tigray ya había declarado el Estado de Emergencia el 26 de marzo, decretando el confinamiento y limitando la movilidad entre otras regiones del país y Tigray y al interior de la región. Sin embargo, a finales de abril se comenzaron a relajar las restricciones y Etiopía es actualmente el país de África del Este con mayor número de casos de la región. Según el Instituto de Salud Pública de Etiopía, al cierre de esta publicación los datos contabilizados son de 113.000 casos positivos y 1.747 personas fallecidas. Tigray, en concreto, cuenta con 6.662 casos desde el inicio de la pandemia; aunque es necesario tener en cuenta que, dado el conflicto armado en el que está inmersa la región actualmente, estos datos no se han podido actualizar.

Un conflicto con un incierto futuro

Por otro lado, la región ha estado sometida a continuas tensiones políticas que han derivado en el conflicto armado que se desencadenó el pasado 4 de noviembre de 2020.

Esta situación hunde sus raíces en la configuración política del Estado Federal de Etiopía tras la caída del régimen comunista en 1991, cuando se promovió que todas las etnias tuvieran la misma representación. Sin embargo, desde entonces hasta la proclamación de Abiy Ahmed (de origen oromo) como primer ministro en 2018, el TPLF (Frente Popular de Liberación de Tigray), que había tenido un papel importante en el derrocamiento de la Junta Marxista del dictador Mengistu Haile Mariam y que representa tan solo al 5% de los 110 millones de habitantes de Etiopía, lideró la coalición étnica que conformaba el gobernante Frente Democrático Revolucionario  del  Pueblo Etíope (FDRPE). El sistema político se caracterizó por su represión y Abiy Ahmed llegó al poder tras unas protestas masivas que tuvieron lugar en 2018 y logró firmar un acuerdo de paz con Eritrea, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2019.

Abiy Ahmed ha refundado el FDRPE como el Partido de la Prosperidad, del que el TPLF se ha desvinculado, y la pérdida progresiva de poder e influencia del otrora partido líder es la pieza angular del actual conflicto armado, punta del iceberg de tensiones político étnicas en un país con muchas milicias activas. Miembros del TPLF forman también parte del ejército federal.

Ante el retraso de las elecciones generales –que debieron haberse celebrado en agosto de 2020- por la Covid-19, el gobierno regional de Tigray, con Debretsion Gebremichael a la cabeza, decidió celebrar elecciones en septiembre. Los comicios fueron declarados ilegales y desde el 5 de octubre de 2020 el gobierno regional de Tigray no reconoce la autoridad de Abiy Ahmed.

El 4 de noviembre, en respuesta a un ataque a bases militares federales en la región, el gobierno federal declaró la guerra al Estado regional de Tigray. Desde ese momento se cortaron todas las comunicaciones (teléfono e internet), por lo que la información que hemos recibido de la situación en la zona ha sido mínima, al menos hasta ahora. La comunicación telefónica sí se ha restablecido, pero no a través de internet.

Naciones Unidas, la Union Africana y varios países han intentado mediar en el conflicto, pero el 28 de Noviembre se anunció la toma de Mekelle, capital de la región, y el miércoles 2 de diciembre la ONU firmó un acuerdo con el gobierno federal para hacer llegar la ayuda humanitaria a las zonas controladas por el Gobierno. No obstante, esto se está haciendo con cierta dificultad, pues el 8 de diciembre el gobierno etíope declaró que un equipo de la ONU había sido objeto de disparos por saltarse varios controles militares.

Como en todas las guerras, ya hay personas huyendo del conflicto. Las cifras no son claras, pero el ACNUR ha declarado que 47.000 personas han cruzado la frontera de Sudan huyendo del mismo y Plan Internacional ha alertado sobre la situación de menores sin acompañamiento que han cruzado la frontera huyendo de la contienda. Las últimas cifras aportadas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) este 15 de enero, 58.334 personas se han refugiado en la vecina Sudan.

 

A su vez, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos Etíope (EHCR) han denunciado la masacre de cientos de personas en la zona de Maikadra, al Oeste de la región, y Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha solicitado la realización de una observación independiente ante los indicios fundados de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ataques a civiles y violencia sexual contra mujeres y niñas. También se han reportado tensiones en Addis Abeba contra la población tigriña.

Si bien oficialmente la contienda ha terminado, la Alta Comisionada ha declarado que los enfrentamientos continúan.

Las informaciones recibidas por diferentes fuentes señalan que Wukro fue escenario de enfrentamientos durante nueve días del conflicto, tras los cuales se sucedieron robos en toda la zona.

Hemos podido saber, asimismo y de primera mano, que los bancos y servicios esenciales no funcionan. La situación de inseguridad sigue siendo, igualmente, muy preocupante. Se han recibido informes de combates esporádicos y numerosos robos.

A las dificultades de movilidad se suma que internet y la red telefónica funcionan intermitentemente o no funcionan, salvo en el Sur y Oeste de la Región, aumentando el aislamiento de la población, principalmente en las áreas rurales.

La situación humanitaria es grave. El conflicto ha tenido un impacto en el acceso de la población a agua, saneamiento o servicios sanitarios. Además, la región es profundamente dependiente de las importaciones de bienes, importaciones que se cortaron en noviembre. El acceso a alimentos es muy limitado y los índices de malnutrición infantil están al alza. En efecto, con la crisis del COVID 19 y la plaga de langostas del desierto, el número de niños y niñas tratados por malnutrición grave aumentó en un 34% entre enero y agosto de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019. Actualmente se calcula que cuatro millones y medio (de los poco más de cinco millones de habitantes censados en 2017 en la región de Tigray) necesitan ayuda alimentaria de emergencia para sobrevivir.

Ante esta situación, estamos pendientes de las necesidades que puedan surgir en los proyectos que tenemos en ejecución, así como entre la población de la zona. Sabemos, por ejemplo, que los niños y niñas del programa de Jangela Solidaria están bien, pero en estos momentos no se les está pudiendo prestar apoyo. No obstante, haremos lo posible por continuar con nuestra labor cuanto antes de la manera más segura posible. Una vez más, nuestro objetivo sigue siendo estar al lado de la población más vulnerable.

 

 

 

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